El bajo coste que ofrece el Gobierno de Cifuentes o el ocultar que la ganadora del concurso debe hacerse cargo de 47 ambulancias nuevas son algunos de los motivos del reclamo. Empresarios y sindicatos se han unido en contra del concurso público que ha lanzado la Comunidad de Madrid para la contratación de la gestión de servicio público de transporte sanitario terrestre. El bajo coste que aporta el Gobierno regional (80 millones), la falta de documentación minuciosa o el esconder que la empresa ganadora del concurso se tenga que hacer cargo de adquirir 47 nuevas ambulancias desde el primer día que se gana la adjudicación son algunos de los motivos que han encendido al sector contra el Gobierno de Cristina Cifuentes.
Buscando revertir la situación, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Sanitarias (Agetrans) ha elevado el recurso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid solicitando así la suspensión del proceso. El precio, tanto lo que ofrecen desde el Gobierno regional como lo que pide para poner en marcha el servicio, alcanza un coste “abusivo”, según la agrupación. Este recurso se une a los ya interpuestos por la Secretaría Sectorial de Carreteras y Transportes Urbanos de la CAM de UGT, por el sindicato de técnicos en emergencias sanitarias FS-TES y por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA).
En parte, ese malestar por el coste llega tras que la Comunidad de Madrid “pasase desapercibido” que en el pliego de condiciones técnicas del concurso se aludiese a que más del doble de las ambulancias con las que se dará el servicio ofertado serán de nueva adquisición. Unas ambulancias destinadas al servicio urgente que el equipo de Cifuentes ha pedido que se alcance la cifra de un total de 82 vehículos, en contraposición a los 35 destinados a este tipo de transporte en el concierto anterior.
Un sobrecoste escondido que sumado a la baja implicación presupuestaria por la Comunidad de Madrid provoca, según Agetrans, “que las entidades que concurran al concurso presenten ofertas a la baja con el objetivo de resultar adjudicatarias, algo que, de forma evidente, incide tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores”.
Agetrans considera que este servicio “es de primera necesidad y debe contar con una partida presupuestaria acorde que permita su prestación dentro de unos estándares adecuados”. No es la primera reprimenda que hacen los sindicatos a un concurso de transporte sanitario algo que ha generado “malestar y controversia entre las empresas del sector”.
